Justicia española mantiene imputación contra la infanta Cristina

Justicia española mantiene imputación contra la infanta Cristina

A la infanta Cristina se le mantiene la imputación a menos de una semana que su hermano fuera proclamado como el rey Felipe VI, quien, en su primer mensaje a la nación, marcó distancia de su hermana al dejar claro que respetará la independencia del Poder Judicial y se pronunció porque la institución monárquica actúe con “ejemplaridad”.
Por: Alejandro Gutiérrez

La infanta Cristina de Borbón y Grecia, séptima en la sucesión por la Corona española.
Foto: AP

Madrid,.- La justicia española mantiene la imputación contra la infanta Cristina de Borbón por los delitos de blanqueo de capitales y el cooperación en los crímenes fiscales cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarín, en el llamado caso Nóos.
El juez José Castro, quien lleva la causa desde hace tres años, cerró hoy la instrucción con un auto de transformación de diligencias previas a uno de procedimiento abreviado por los referidos delitos –los presuntos delitos fiscales fueron cometidos en 2007 y 2008—, con lo cual el proceso judicial está iniciando; en fuentes judiciales españolas se consideró que, en el supuesto de ser declarados culpables, esos delitos implican penas que rondan los diez años de prisión.

A la infanta Cristina se le mantiene la imputación a menos de una semana que su hermano fuera proclamado como el rey Felipe VI, quien, en su primer mensaje a la nación, marcó distancia de su hermana al dejar claro que respetará la independencia del Poder Judicial y se pronunció porque la institución monárquica actúe con “ejemplaridad”.
Aunque la resolución del juez Castro implica sentar a la infanta Cristina en el banquillo, el fiscal Anticorrupción del caso, Pedro Horrach, ya anunció en días anteriores que recurrirá el fallo del juez en coherencia con sus anteriores fallos. Esta actuación que la fiscalía ha tenido en el pasado impugnando las resoluciones del juez, en abierta defensa de la hija del rey Juan Carlos I, ha sido duramente criticada en medios judiciales, políticos y mediáticos.
Del total de 16 imputados, también están el duque de Palma, Ilaki Urdangarín y su socio, Diego Torres.
Tal y como hiciera en el auto de imputación, José Castro le acusó de blanqueo de capitales al haber dispuesto y gastado el dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarín.
El juzgador modificó en este auto su imputación de enero pasado, cuando la acusaba directamente de delito fiscal. En esta ocasión, le responsabilizaba de cooperación en los dos presuntamente cometidos por Urdangarín en el impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2007 y 2008 (alrededor de 337 mil euros en conjunto).
Los informes que la Agencia Tributaria entregó al juez arrojaron que Urdangarín realizó cobros por trabajos de asesoría a grandes empresas y algunos gobiernos autonómicos y municipales, y en lugar de incluir esas ganancias en su IRPF, las cargó a Aizóon, que fungía como “sociedad pantalla” y que actuaba como “disfraz mercantil”.
En su anterior declaración ante el juez Castro, la hija del rey Juan Carlos I y Sofía, alegó que nunca participó en la gestión de Aizoon y aseguró que en todo momento confió en su marido.
Las pesquisas del juez Castro también llevaron a revelar que 1.2 millones de euros obtenidos irregularmente por Urdangarín y su socio Diego Torres fueron a parar a Aizoon. Y la infanta Cristina cargó sus gastos personales a una tarjeta de esa empresa, desde libros infantiles, clases de salsa y merengue, la cuenta en caros restaurantes, lo que a juicio del juzgador se perfila como un delito de blanqueo de capitales.
Completamente enfrentado a Urdangarín, su socio Diego Torres aportó al juez una serie de materiales, en especial correos electrónicos, donde quedaba meridianamente claro que la infanta Cristina estaba al tanto de las operaciones, incluso llegaron a comprometer al rey Juan Carlos, porque de ellos se desprende que estaba al tanto de sus actividades en la falsa organización.
En su edición del domingo 22, el diario El Mundo adelantaba el inminente fallo del juez y añadía que la fiscalía Anticorrupción daba por hecho que el auto sentará en el banquillo a la duquesa de Palma por estos dos delitos.
Tanto así que la fiscalía ya preparaba el recurso para impugnar la resolución del juez, mismo que será presentado en los cinco días hábiles de plazo, que otorgará el instructor a las partes para que apostillen lo que crean conveniente antes de decretar la apertura de juicio oral.
El juez José Castro, decía el matutino, sigue de esta manera la senda que le trazó la sección segunda de la audiencia provincial en la polémica resolución del 7 de mayo del año pasado. En ella además de quitar la imputación a la infanta dando lugar a la denominada doctrina Borbón, se le conminó a investigar si la hermana del nuevo rey había incurrido en un delito fiscal y en otro de blanqueo de capitales.
Con esa resolución, la sección segunda pretendía quitar peso a la idea de que Cristina de Borbón había incurrido en tráfico de influencias.
Esto se derivaba de la resolución del juez Castro que el 3 de abril de 2013 señala que la hija del rey había permitido conscientemente la utilización de su condición de miembro de la familia real para facilitar las acciones supuestamente delictivas de su esposo, que consumaron con el gobierno balear, con la Generalitat Valenciana, con el gobierno autonómico catalán, varios ayuntamientos y diversas empresas privadas.
Sin embargo, aquí no terminan los problemas en el entorno del nuevo monarca, porque el Congreso de los Diputados inició el lunes pasado el trámite parlamentario para el aforamiento del rey Juan Carlos y de la Reina Sofía, en la que el Partido Popular se quedó sólo con las enmiendas que permitirán regular el estatus jurídico del anterior monarca.
En este sentido, la cadena británica BBC publicó que políticos españoles admitieron que “las prisas por aprobar la nueva legislación en torno a Juan Carlos I se deben a dos posibles demandas por paternidad”.
El anterior monarca perdió la “inviolabilidad” después que su hijo, Felipe VI, asumiera el trono el pasado día 19.
El PP decidió introducir un par de enmiendas para definir el nuevo estatus jurídico del rey Juan Carlos, modificando la ley orgánica del poder judicial, en trámite, que regular para el régimen laboral y de permisos de jueces y fiscales.
Con el aforamiento (fuero constitucional) que le otorgarán al anterior monarca, sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo. Ningún otro monarca saliente en Europa tiene un aforamiento similar.
La cadena británica recordó que en 2012 no fueron admitidas a trámite dos demandas por paternidad contra el rey Juan Carlos formuladas por Albert Solá Jiménez e Ingrid Jeanne Satiau, quienes reclaman ser reconocidos como hijos del rey.
En ese momento fueron rechazadas por el estatus especial de la inviolabilidad e irresponsabilidad, pero ahora, durante el tiempo que Juan Carlos de Borbón esté sin esa protección, las demandas podrían presentarse en los tribunales ordinarios.