Mientras Lía Limón se vanagloriaba en Ginebra de que el gobierno de Peña Nieto cumpliría con la recomendación formulada a México en octubre pasado, en nuestro país los diputados peñanietistas bloqueaban cualquier intento de permitir que autoridades, investigadores y fiscales de la Corte Penal Interamericana pusieran un pie en México para indagar, averiguar, sobre cualquiera de los cuatro delitos que persigue la CPI: crímenes de lesa humanidad, agresión a un Estado, genocidio y guerra.
Jesusa Cervantes
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| La escena de un asesinato en Jiutepec, Morelos. Foto: Margarito Pérez |
Se trataba de aceptar en su totalidad, y no sólo de palabra o firma alguna, lo dicho por la Corte Penal Internacional (CPI). Pero no cumplió, y no sólo eso, operó políticamente para que ello no ocurriera.
Así, el gobierno de Peña Nieto, ante los ojos de la comunidad internacional, se muestra como aquel hombre de Estado que vela por el verdadero interés de sus gobernados, por prevenir y cuidar que no se viole lo más preciado: sus derechos humanos.
