POLÍTICA

Rendición de Cuentas

Comentario a Tiempo
Teodoro Rentería Arróyave 

La batalla que hemos dado contra la supuesta Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la que calificamos puntualmente de “Ley Mordaza”, no ha sido en vano, porque la misma como lo habíamos exigido ha mudado a una norma amplia de Rendición de Cuentas, sin embargo quedan pendientes la derogación de los artículos 13 y 14 que legitiman la clasificación de las reservas informativas gubernamentales, y una nueva adición: la potestad de la Presidencia de la República de apelar las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio presidente, Enrique Peña Nieto, nos da la razón en ese tránsito a la Rendición de Cuentas. Al promulgar el 7 de febrero pasado la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia, afirmó que con este ordenamiento legal “la transparencia acompañará y reforzará la transformación que estamos impulsando en nuestro país”, al indicar que “la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia”, puesto que “la población tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos de los mexicanos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados”. Aseguró que la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia da respuesta a una sentida demanda social, ya que ahora también son sujetos de esta materia los partidos políticos y sindicatos que reciban recursos públicos, al igual que los órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos. “De esta manera, se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la actividad pública”. El problema subsiste en lo que se refiere a la potestad que se le otorga al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos de las entidades federativas para enviar a la reserva lo que ellos consideren de mutuo propio; los legisladores volvieron a perder una gran oportunidad para precisar y limitar esa práctica de las reservas, que sólo deberían de constreñirse al tema de la seguridad nacional y con reglas absolutamente claras y del dominio público. No es posible, que aprovechando esa normatividad blandengue, Vicente Fox Quesada al término de su fracasada administración haya mandado al apartado de la reserva más de 3 millones 800 mil expedientes y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa al finalizar su catastrófico gobierno elevara las reservas a más de un 300 por ciento, en efecto, clasificó como reserva más de 11 millones 600 mil expedientes. Siempre hemos insistido, que en esos documentos reservados para el conocimiento público por 12 años, es donde se encuentran las noticias que verdaderamente interesan a la población. La pregunta es obvia: ¿qué esconden? ¿Qué guardan? Además, es de considerarse que las informaciones, todas las informaciones gubernamentales, son patrimonio de los pueblos porque las mismas se producen con los impuestos que todos pagamos. Empezando por el Jefe del Ejecutivo, llámese federal o estatal, que es un sujeto obligado, es decir, tiene la obligación con la nueva Ley de informar lo que se le requiera; desafortunadamente la norma le otorga a la Conserjería Jurídica de la Presidencia la facultad para interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia cuando alguna de las resoluciones del IFAI, considere que se ponga en riesgo la seguridad nacional. El asunto es que, aún el Congreso de la Unión tiene en agenda nuevas leyes reglamentarias al Artículo 6º Constitucional en materia de transparencia y está en proceso de elaboración otro documento similar para reformar otra vez la Ley Federal de Transparencia. Nuevamente debemos de cuidarnos de la letra chiquita. Sin bajar la guardia, otorguémosles el beneficio de la duda a los 7 flamantes integrantes de IFAI, Ximena Puente de la Mora, consejera presidenta; Areli Cano Guadiana, Patricia Kurczyn Villalobos, Francisco Javier Acuña Llamas, Óscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Javier Salas Juárez. Periodista y escritor, Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo del Club Primera Plana. Agradeceré Sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx

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Redacción AN marzo 3, 2014 1:20 pm               

La intervención de PGR en Oceanografía, empresa contratista de Pemex, a la que Citigroup señala acusa de haber cometido un fraude, obliga a la revisión sobre la historia de esta empresa, y de los personajes asociados a ella. Esta mañana, Carmen Aristegui habló durante la Mesa Política de MVS sobre Oceanografía y los vínculos de los hijos de Martha Sahagún, la esposa de Vicente Fox, en esa empresa. Aristegui recordó el trabajo de investigación de la periodista Ana Lilia Pérez para el libro 'Camisas azules, manos negras: El saqueo de Pemex desde Los Pinos'. En el mismo se revela cómo los hijos de Sahagún y la propia Martha presionaron a Raúl Muñoz Leos, entonces director de Pemex, para que facilitara la firma de contratos que beneficiarían a empresa Oceanografía. "Es importante revisar por parte de la sociedad y desde luego las autoridades ese libro" dijo Aristegui en Noticias MVS.

 Lydia, lo que no te he dicho