Con esas disposiciones, advierte, el Ejecutivo invade facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y “raya en lo absurdo al permitir que la Secretaría de Gobernación conserve la supervisión de los servicios de radio y televisión, que son los contenidos, y ni siquiera modifican las sanciones establecidas desde 1960”.
Ramírez, Corral, Calleja y Carpinteyro, miembros de la Amedi. Foto: Benjamín Flores |