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13 Octubre

miércoles, 13 de agosto de 2014

Alertan campesinos contra despojos

Alertan campesinos contra despojos al aplicarse la “ocupación temporal”
“El abandono de la rectoría del Estado en la conducción económica de los sectores para privilegiar la inversión privada, nacional o extranjera, no necesariamente conlleva a impactar de manera positiva la situación económica de la población ni el desarrollo de las regiones o comunidades rurales”.
Por: Patricia Dávila
Campesinos marchan en el DF contra leyes energéticas.
Foto: Octavio Gómez.
MEXICO, D.F. (apro).- El coordinador general del Congreso Agrario Permanente (CAP), Luis Gómez Garay, reiteró que existe la preocupación legítima de millones de productores por los impactos que la reforma energética tendrá en el sector agrario, en el entorno ambiental y en derechos adquiridos en las comunidades rurales, particularmente en los referentes a la propiedad social.
En conferencia de prensa, el dirigente nacional del CAP, acompañado por Guadalupe Martínez Cruz, secretaria de actas de la cúpula agraria, señaló: “El abandono de la rectoría del Estado en la conducción económica de los sectores para privilegiar la inversión privada, nacional o extranjera, no necesariamente conlleva a impactar de manera positiva la situación económica de la población ni el desarrollo de las regiones o comunidades rurales”.
También consideró que en el marco de la reforma energética, en la intervención del capital privado para la explotación del sector energético mexicano, se podrán generar inversiones sin precedentes, optimizar operaciones de las empresas concesionarias y sus niveles de rentabilidad, sin embargo, sin reglas claras sobre los mecanismos que impulsarán a las economías locales y el desarrollo regional previstos en las reformas, “los buenos objetivos pueden convertirse en letra muerta”.
Gómez Garay dijo que insistió en que la figura de “ocupación temporal” de predios, aun con las modificaciones realizadas al proyecto original del Capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos, referente al uso y ocupación temporal de la propiedad en los aspectos que impactan al sector agrario y que prevén la participación de propietarios sociales o privados en las utilidades, puede generar actos de despojo sobre todo en aquellos casos en que las comunidades agrarias no estén de acuerdo en participar de esos proyectos.
Por su parte, Martínez Cruz se refirió a la importancia de fortalecer la figura del ombudsman agrario y ambiental, así como la estructura profesional y de control de la Procuraduría Agraria, lo que permita una defensa adecuada de los intereses de los propietarios sociales y privados de los predios que pudiesen ser afectados por los trabajos de los asignatarios en las diversas regiones del país.
Además, planteó la preocupación de millones de productores rurales relacionada con los impactos que los cambios en la legislación del sector energético tendrán en el sector agrario, en el entorno ambiental y en derechos adquiridos en las comunidades rurales, particularmente en los referentes a la propiedad social.
“En los procesos de privatización de otros sectores estratégicos de la economía nacional, como el sector bancario, en los que se suponía que tras su privatización habría una expansión sin precedentes en el crédito para el desarrollo nacional y la optimización de los servicios bancarios, debido a la falta de reglas claras sobre cómo habrían de financiar el desarrollo nacional, en la práctica, se generó una banca que no financia el desarrollo nacional”, recordó.
“México tiene una banca que no presta y que medra con altísimos costos de comisiones y con un drenaje inusitado de sus utilidades, las cuales han contribuido a solucionar problemas de liquidez de algunas de sus matrices en otros países, pero que en nuestro país no financian el desarrollo”, acusó.
José Luis González Aguilera, otro de los asistentes a la conferencia, quien es dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México-Jacinto López, expuso que a los campesinos les preocupa la enorme obligación que supone para el país la conversión en deuda pública de los pasivos de las empresas como Pemex y CFE que, por su cuantía, afectarán de manera importante las proyecciones presupuestarias de los siguientes años.
“Es práctica en el gobierno federal que las previsiones para esos conceptos se obtengan de los recortes a la inversión social y productiva impactando los programas de construcción de infraestructura social, fomento a las actividades productivas, generación de empleo y promoción del desarrollo económico”, precisó.
Finalmente, Gómez Garay, coordinador general del CAP, retomó los señalamientos al insistir al gobierno federal acerca de que el crecimiento del país, la modernización de sus sectores económicos, el desarrollo de la nación no pueden continuar en el marco de una visión de desarrollo económico que en su aplicación genera las enormes desigualdades que hoy en día impactan a amplios sectores sociales marginados, en la falta de oportunidades y en la precariedad social derivada de la explosión de la pobreza.
Incluso, planteó la necesidad de avanzar en la reforma estructural para el campo que permita la inclusión de las comunidades rurales en el desarrollo de la nación, que fortalezca la soberanía alimentaria, reformule la política pública de apoyo al sector rural y reactive la economía campesina generando oportunidades, empleos e ingresos en el campo mexicano.
Por ello, conminó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que de una vez por todas se instalen las mesas de diálogo comprometidas tras la manifestación del miércoles 23 de julio, con el fin de avanzar en la definición de la “ruta crítica” hacia la reforma para el campo.

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